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Corte dice no a la cadena perpetua

Corte dice no a la cadena perpetua

Con la sanción de la Ley de cadena perpetua, bautizada Ley "Gilma Jiménez" en honor a la líder del Partido Verde, principal promotora de la iniciativa fallecida el 29 de junio de 2013, el presidente Duque dijo: "quedan advertidos quienes pretendan violentar y asesinar nuestra niñez, que esta norma se ajusta a la Constitución, con garantías de debido proceso para que haya sanciones ejemplares contra estos criminales". Precisamente, por no ceñirse a la arquitectura constitucional del país que no la admite, al igual que la pena de muerte, la Corte Constitucional se le atravesó a este franco populismo punitivo. 

Ahora, el Gobierno busca encontrar un resquicio legal que le permita burlar la decisión de la Corte a través de un referendo, aumentando las penas para que estas sobrepasen toda posibilidad de vida normal, estableciéndola nuevamente sin darle ese nombre. Lo que hoy debiera importar es mejorar el funcionamiento del sistema judicial para garantizar la desaparición de la impunidad que es lo que favorece a estos criminales, que muy seguros se sienten de que la justicia no los castigará.

Entre nosotros, el debate de la cadena perpetua se agita, cada vez que se registra la muerte de un menor de edad a manos de un agresor sexual. Para lidiar con la criminalidad relacionada con este delito, según lo han manifestado expertos en el tema, no existe nada que haya demostrado la utilidad de sanciones extremas como la pena de muerte, la cadena perpetua o la castración química. Lo único que requerimos es que el juez aplique con rigurosidad nuestro Código Penal que contempla penas de hasta 60 años que son más que suficientes, no concediendo, además, a estos criminales, beneficios como rebaja de la pena.

El país bien recuerda el doloroso caso de Yuliana Samboní, una niña de escasos 7 años, violada y asesinada por Rafael Uribe Noguera, condenado a 58 años de cárcel y quién muy posiblemente muera en ella. Está más que demostrado que el incremento de las penas no reduce el delito. Lo que debió hacerse y de tiempo atrás, fue implementar estrategias educativas al interior de las familias para generar repercusiones de fondo, pero nunca es tarde. En la resolución de este grave problema la prevención juega un papel importante, dirigida a los padres, padrastros, abuelos y demás familiares, pues la gran mayoría estos abusos se dan dentro de los mismos hogares. 

La Ley, Gilma Jiménez, no solo desconocía una parte fundamental de nuestro Estado Social de Derecho, como lo es la dignidad humana, sino que vulneraba la Constitución que prohibió expresamente la cadena perpetua. No es como muchos piensan que se privilegió la dignidad humana de los violadores frente al de los niños. No, como bien lo expresara la magistrada ponente del fallo, Cristina Pardo, los derechos de los niños son prevalentes frente a los derechos de las demás personas, como lo señala el artículo 44 de la Constitución, al tiempo que la Corte estableció que no hay evidencia alguna que demuestre que la imposición de penas degradantes e inhumanas los protejan más. Todo lo contrario, como son delitos cometidos en el seno de las familias, por los mismos familiares y amigos, hay más temor de denunciarlos o testificar contra ellos. 

La aprobación de la cadena perpetua por parte del Congreso y las declaraciones del presidente Duque al sancionarla, son a todas luces la utilización indebida del Derecho Penal con fines políticos.

Alberto Zuluaga Trujillo
alzutru45@hotmail.com

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