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La justicia por mano propia en una sociedad con falta de oportunidades

La justicia por mano propia en una sociedad con falta de oportunidades

Conmoción han causado los casos que  evidencian los medios de comunicación en los que ciudadanos deciden tomar justicia por mano propia y terminar de raíz, lo que a su juicio es, el problema de la delincuencia;  castigando con violencia y en el acto, el comportamiento del delincuente, sin contemplar que esto pueda terminar, incluso, en la muerte de esa persona que cometió el delito.

Casos como el del barrio Brisas, en Cúcuta; como el de Tibú en Norte de Santander y los miles de ejemplos más que existen en este país, son la muestra de la indolencia de la sociedad frente a la existencia del otro y su derecho a vivir y, en la otra orilla; de la ausencia de escenarios de justicia social en los que la equidad es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial, para lograr una sociedad en paz. 

Lo anterior, es la muestra de la necesidad de empezar de alguna manera, el camino de la superación de la pobreza generalizada en la que está inmerso el país y de forma más específica y sin excepción, el departamento de Risaralda,  más aún en un escenario posterior a una pandemia que agudizó los problemas sociales anteriormente mencionados. 

El principio de ojo por ojo, diente por diente, ha dejado tuerta a la mitad de los contendores y mueca a la otra mitad, sin que por ello hayamos avanzado en la solución de algún problema o hayamos contribuido a la conformación de una mejor sociedad o de un mejor país o departamento; por el contrario, nos hemos dividido en dos bandos, en los que legitiman la defensa del patrimonio a costa de lo que sea y en los que defienden la vida a pesar de las circunstancias.

Es justamente ese sentimiento de injusticia el que termina por impulsar, a quien se cree con derecho de ajusticiar de la forma que estime conveniente, a aquel que, motivado por cualquier razón, llámese hambre, necesidad o enfermedad se abalanza a cometer delitos. La discusión real del tema, debería centrarse en el por qué esos delincuentes están en las calles y esto me lleva a encontrar dos posibles orígenes: el primero, es la ausencia de oportunidades para estos jóvenes que están cometiendo conductas reprochables y el segundo, la ausencia de un sistema judicial que castigue las conductas cometidas y resarza el daño.

No es necesario hacer un gran estudio demográfico para establecer que la gran mayoría de quienes se dedican a los hurtos más simples, son muchachos muy jóvenes que provienen de sectores populares y que han sentido en primera persona la ausencia del Estado en todas sus formas; no hay para ellos oportunidades educativas, ni laborales, no hay acceso a capital productivo, ni son sujetos incentivo alguno para la superación de la pobreza, pues son también habitantes de territorios que carecen de los recursos suficientes para el desarrollo integral y con familias sumidas en las mismas ausencias, todo esto  sumado a la falta de gestión de un sector de la clase dirigente, en todas sus escalas, termina por restar sincronía al sistema y que no todo funcione como debería y además, sirve para que las pocas ayudas disponibles, lleguen a donde no deberían.

El derecho a la vida y el derecho al patrimonio, son los que se contraponen en casos como en el qué, por el intento de hurto a un establecimiento comercial en Cúcuta, dos jóvenes aparecen muertos con carteles que enseñan unas supuestas normas de buena conducta. Tal contraposición termina por generar un sinnúmero de víctimas que no van a terminar por ser reparadas nunca y el ciclo vuelve y comienza sin saber cuándo, ni cómo termine.

La falta de representación y de promoción de políticas que permitan cerrar las brechas, terminar las injusticias y mejorar la economía del departamento, son algunos de los problemas que he identificado con mayor urgencia en Risaralda, situaciones que podría mitigarse con el desarrollo de un trabajo permanente y comprometido por el departamento que nos pertenecen a todos.

El objetivo de toda la clase dirigente risaraldense, debe ser la mejora continua de las condiciones de vida de todos los habitantes del departamento, deber ser el trabajo cohesionado entre las administraciones y sus administrados, deber ser el desarrollo de un trabajo en pro de todos los sectores de la economía, pero, sobre todo, debe ser el manejo de una política limpia y transparente que se preocupe por el consenso y la unidad como factor determinante del desarrollo de las sociedades en la que los recursos públicos sean cuidados con especial detalle. 

Mi compromiso con Risaralda, es continuar comprometido con el desarrollo del departamento, es lograr que todos sus habitantes vivan bajo unas condiciones dignas, equitativas y justas, es procurar la gestión necesaria para que este territorio pueda ser un lugar de paz, de armonía, de consenso, es trabajar para que cada uno de los risaraldenses tenga participación y representación, que tenga voz y voto y buen lugar donde vivir en condiciones dignas que le permitan su desarrollo integral. 

Sigifredo Salazar Osorio

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