Ganó la consulta popular

Ganó la consulta popular

Por: Otoniel Arango Collazos

Contra todos los pronósticos, ganó ampliamente la Consulta Anticorrupción. Para ser honesto, yo no salí a votar, no porque esté de acuerdo con la corrupción, sino porque preguntar si se está de acuerdo en que la gente se apropie o no de nuestros impuestos, es algo que se entiende que nadie quiere. De hecho como fiscal y como procurador, me correspondió combatir la corrupción; el último caso que recuerdo, fue el de la señora Mónica Vanegas, quien se apropió de recursos de la Avenida Belalcázar, pupila del entonces senador Carlos Enrique Soto, a quien un juez la absolvió y gracias a que apelamos tal decisión, fue condenada por el Tribunal Superior de Pereira y ratificada dicha condena por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Las leyes como se ve, existen de tiempo atrás, lo que pasa es que no se aplican o se hacen los de la oreja mocha. En el caso de la condenada con inhabilidad de por vida, luego leí con sorpresa que fungía como asesora del aeropuerto Matecaña y en el caso del ex senador, también condenado para no ir más lejos, el consejo municipal de Pereira pretendía condecorarlo, si no es porque la ciudadanía se opone. La gran decepción, como se ve, radica en que el que la hace no la paga.

Según el Observatorio de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República solo el 25 % de los corruptos condenados, están purgando detención intramural, el resto muy tranquilos en sus casas disfrutando del producto de la corrupción y yo conozco a más de uno.

De acuerdo a informe publicado por la Sociedad Colombiana de Economistas (SCE) en el 2011, la corrupción le costó al país, desde 1991 hasta el 2010, alrededor de 189 billones de pesos, lo que equivale a un promedio del 4% del PIB del país, durante esos 19 años. Según cálculos del Congreso de la República, la primera etapa del posconflicto le costará al Estado 90 billones de pesos en los primeros diez años, es decir que con lo que se han robado se podrían sufragar 10 procesos de paz cada uno de 10 años, o solucionar holgadamente los problemas de desigualdad que son caldo de cultivo para la lucha de clases que algunos alientan, con razón.

Lo elemental sería que conforme al mandato popular que acaba de recibir el congreso y en su defecto el presidente, no se vuelva a permitir que los corruptos tengan beneficios como penas benignas, o casa por cárcel y que los bienes o dineros producto de esa conducta, puedan ser rápidamente rescatados. En otras latitudes existe la pena de muerte para el corrupto y santo remedio; esa norma si la votaría con gusto.

elpereirano.com