La consulta de ayer

Por: Alberto Zuluaga Trujillo

En desarrollo de la norma constitucional se cumplió ayer la primera consulta popular denominada Consulta Anticorrupción, presentada por el partido Alianza Verde y liderada por la ex senadora Claudia López. Al momento de escribir estas líneas desconocemos el resultado final que, independiente de su aprobación, a manera de simple constancia consignamos nuestro pensamiento sobre el particular, en la seguridad que lo aquí expresado ya no incidirá en la voluntad de nuestros lectores. Debemos empezar por decir que todo lo que se haga por combatir la corrupción es poco, frente al descomunal cáncer que carcome día a día al país y a sus instituciones. Pero la concepción de la iniciativa, lejos de ser un proyecto serio y estructurado más parece una bandera oportunista con la cual pretenden arroparse sus proponentes.

Cinco de las siete propuestas ya existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El Estatuto Anticorrupción de 2011, modificado por el artículo 4 de la Ley 1778 de 2016, estableció en su artículo 18 la prohibición de otorgar subrogados penales, con excepción de aquellos que se concedan en desarrollo de preacuerdos y negociaciones. El artículo 8 del Estatuto General de Contratación Estatal, Ley 80 de 1998, modificado por la Ley 1474 de 2011 y 1778 de 2016, dispone sobre la terminación unilateral de los contratos sin indemnización previa a las personas naturales, extensivo a las sociedades de las que hagan parte las mismas en calidad de administradores, representantes legales, miembros de juntas directivas o de socios contratantes, que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública, a más de la inhabilidad para contratar con el Estado por 20 años.

Sobre la obligatoriedad de los pliegos tipo, es de anotar que la Ley 1882 de 2008 introdujo algunas reformas al régimen de contratación estatal, entre ellas los pliegos tipo en los contratos de infraestructura, autorizando al Gobierno Nacional para decidir en qué otros contratos deben adoptarse. Igualmente la Ley 1757 de 2015 en su artículo 100, consagra la figura de los presupuestos participativos de los entes territoriales en consonancia con los Planes de Desarrollo, al igual que la Ley 1828 de 2018, en su artículo 8, obliga a la rendición anual de cuentas de los congresistas. La Ley 190 de 1995 establece la obligación de presentar las declaraciones de bienes y rentas al momento de posesionarse. Y sobre la limitación de los períodos, como su remuneración, consideramos que el impacto sobre la corrupción es de poca monta, pues si con lo que hoy ganan hay corrupción, al bajarlos casi a la mitad, se dispararía.

Está claro que las solas leyes no combaten a los corruptos agazapados dentro de la estructura del Estado y dentro de la empresa privada que negocia con ellos. Colombia es un país lleno de leyes que no se cumplen por la pérdida de valores morales. Urge sensibilizar en torno a la honradez, la ética y el respeto por lo público, lo demás, es habladuría.

elpereirano.com

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