La protesta antisocial

Es un derecho, que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente; así lo consagra la Constitución en su artículo 37. Pero ese mismo artículo, indica que la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho y precisamente el legislador en cumplimiento de dicho mandato, expidió la Ley 1453 de 2011 que adicionó el artículo 353A del código penal y tipificó la conducta de “Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público”.

La mencionada ley describe claramente la conducta en la que han incurrido quienes han promocionado la famosa Minga, que tiene paralizado medio país, con gran perjuicio para la economía nacional y el orden público. La norma señala que: “El que por medios ilícitos, incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 24 a 48 meses y multa de 13 a 75 salarios mínimos mensuales vigentes y pérdida e inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión”.

Hemos visto en videos y fotografías de diferentes medios de comunicación, a los senadores Gustavo Petro, Alexander López, Gustavo Bolívar y Pablo Catatumbo incitando la Minga y la Procuraduría general de la Nación, tan solicita al momento de investigar funcionarios Uribistas, ha hecho mutis por el foro con respecto a estos hechos, que además son repetitivos, pues la última minga se realizó en octubre de 2017, cuando Santos firmó “sobre piedra”, acuerdos que nunca cumplió como era de esperarse.

En la protesta antisocial, fuera de la conducta anterior, se han paseado por el código penal con conductas como el homicidio agravado (art.104), la perturbación en servicio de transporte público (art.353), el disparo de arma de fuego contra vehículo (art.356), el porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos (art.366) y la asonada (art.469), entre otros que en este momento se me pasan por alto.

No sé si a la fiscalía, encargada de investigar a los particulares, o a la Corte Suprema y la Comisión de Acusaciones, encargadas de investigar a los aforados, les quedará alguna duda, pero los testigos silentes (videos), hablan por sí solos.

No podemos seguir a merced de la delincuencia, disfrazada de protesta social.

Por Otoniel Arango Collazos


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