Urge reforma política

Urge reforma política

Por: Alberto Zuluaga Trujillo

Deseando que el nuevo Gobierno que acaba de instalarse logre rendir los frutos esperados, secundado por un Congreso que, igual, recién se ha juramentado, el Presidente Iván Duque presentó unas reformas a la anacrónica ley electoral vigente desde 1986. Treinta años aprobando leyes para cambiar las reglas de juego y acomodarlas a la estrategia y a los intereses de la clase política. La de ahora, entregada por el Ejecutivo al Congreso, radicada como Acto Legislativo 09 de 2018, modifica cuatro artículos de la Constitución.

El primero es el cierre de las listas para corporaciones públicas las cuales deben ser paritarias, obligando a unas primarias como mecanismo democrático para la escogencia de los candidatos. Igualmente, impone la fusión como requisito para que las coaliciones adquieran personería jurídica y, finalmente, le otorga autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestal al Consejo Nacional Electoral. A nuestro juicio, el voto preferente establecido en una reforma del 2003 es el responsable de la complejidad de nuestro sistema electoral que obliga a que en el voto haya que incorporar el logo del partido y los números de cada uno de los candidatos, debiéndose marcar el logo del partido correspondiente y el número del candidato por el que se vota, resultando un extenso tarjetón que, como el pasado para el Senado, contenía 944 candidatos.

Su enredado manejo ha dado como resultado la altísima cifra de votos anulados, elección tras elección. Esto, en cuanto a la mecánica, pues el voto preferente, a más de encarecer la política, rompió la unidad al interior de los partidos, ya que el mayor contendor del aspirante está en su propio movimiento, cuando lo que debe suceder es todo lo contrario; debe haber unidad para fortalecer su lista. Se hace imperativo vigorizar los partidos para que tengan una mayor autonomía abriendo rigurosos registros de afiliación y obligándolos a implantar mecanismos de democracia interna que, como bien lo prevé el proyecto del Gobierno, pueden ser unas primarias o consultas internas o convenciones amplias con sus afiliados, previamente carnetizados. A la par con lo anterior, se hace menester una revisión a fondo de la financiación de las campañas, despolitizando a la máxima autoridad de la Organización Electoral.

Esta, la integran nueve magistrados elegidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado, pero de ternas enviadas por los partidos y movimientos políticos. La ineptitud en las investigaciones adelantadas por CNE contra Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos en las elecciones de 2014 por la financiación de Odebrecht a sus campañas, al igual que la habilitación de Mockus para el Senado, la superación de topes de financiamiento de distintos candidatos y el reconocimiento a Aìda Merlano como Senadora electa, son razones suficientes para desconfiar de este organismo. La reforma debe ir más allá de atender lagunas legales para tomar medidas definitivas que permitan la recuperación de la confianza ciudadana en los comicios. Los oscuros negocios al interior de las elecciones inundan de dinero mal habido el ejercicio democrático, permitiendo que el que más viole la ley sea el elegido.

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