Más de 70 trabajadores y extrabajadores del Centro Oncológico del Caribe, institución prestadora de servicios de salud con sede principal en Pereira, denuncian que llevan varios meses sin recibir sus salarios. Los afectados también reclaman liquidaciones y aportes a seguridad social que, según sus testimonios, permanecen pendientes.
Deudas de IPS oncológica afectan a trabajadores de cinco ciudades
La denuncia involucra a personal que ha prestado sus servicios en Pereira, Cartago, Armenia, Manizales y Popayán. Según los afectados, los incumplimientos salariales comenzaron en febrero de 2026 y, hasta el momento, no cuentan con una solución definitiva.
Uno de los extrabajadores, quien solicitó mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, aseguró que las obligaciones pendientes con empleados y proveedores podrían alcanzar los 21.000 millones de pesos.
Esta cifra corresponde a la versión entregada por el denunciante y no ha sido confirmada mediante documentos contables o un pronunciamiento oficial de la institución.
El extrabajador también afirmó que el Centro Oncológico del Caribe suspendió la prestación de servicios en varias de sus sedes. Sin embargo, todavía no se ha establecido cuáles instalaciones dejaron de funcionar, desde qué fechas ni si algunas mantienen actividades asistenciales.
La situación preocupa especialmente a quienes finalizaron su relación laboral con la IPS y continúan esperando el reconocimiento de sus liquidaciones, además de los pagos correspondientes al tiempo trabajado.
Señalamientos sobre Mario Urán aumentan la preocupación
A las reclamaciones laborales se suma la inquietud de los denunciantes por los presuntos vínculos del Centro Oncológico del Caribe con el empresario Mario Andrés Urán, cuyo nombre ha sido mencionado en controversias relacionadas con el manejo de recursos del sistema de salud colombiano.
El 5 de noviembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella publicó una instrucción dirigida a los interventores de las EPS, en la que les prohibió reunirse, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con Urán.
El mandatario advirtió que quienes incumplan esa instrucción serían separados de sus funciones y relacionó su pronunciamiento con la necesidad de proteger los recursos destinados a la prestación de servicios médicos.
La decisión presidencial fue divulgada por diferentes medios nacionales. No obstante, el mensaje no presentó pruebas específicas sobre las circunstancias que motivaron la prohibición.
En noviembre de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud también había señalado posibles irregularidades relacionadas con la intervención de varias EPS y la presunta participación de Urán en decisiones sobre contratación y distribución de recursos.
Esos antecedentes corresponden a señalamientos institucionales que no constituyen, por sí mismos, una declaración de responsabilidad penal.
Aunque existen referencias públicas sobre una posible relación empresarial entre Urán y el Centro Oncológico del Caribe, todavía debe establecerse documentalmente su participación actual en la IPS y si tiene alguna responsabilidad administrativa sobre las obligaciones reclamadas por los trabajadores.
Deudas de IPS oncológica motivan solicitud de intervención
Los trabajadores y extrabajadores piden que los organismos de control examinen la situación financiera de la institución y adopten las medidas que correspondan para proteger sus derechos laborales.
Entre sus principales solicitudes está que los recursos que eventualmente reciba la IPS se destinen prioritariamente a cubrir salarios, liquidaciones y prestaciones sociales pendientes, conforme a las obligaciones legales aplicables.
Los afectados temen que las dificultades administrativas y financieras de la entidad compliquen la recuperación de los dineros que reclaman.
La denuncia también plantea interrogantes sobre los aportes a seguridad social. Es necesario determinar los periodos que estarían pendientes y establecer si existen inconsistencias en los pagos correspondientes a salud, pensión y demás obligaciones laborales.
Por otra parte, la presunta suspensión de servicios en algunas sedes requiere establecer qué ocurrió con los pacientes que recibían tratamientos y si sus respectivas EPS garantizaron la continuidad de la atención médica.
Hasta ahora, con la información disponible, no se cuenta con una respuesta oficial del Centro Oncológico del Caribe sobre el monto de las deudas, el número exacto de afectados, el estado de sus sedes o un eventual cronograma de pagos.
Los denunciantes esperan que sus reclamaciones sean examinadas y que se establezca una ruta para recuperar los recursos pendientes, mientras permanece abierta la necesidad de conocer la versión de la institución y la situación de los pacientes.
